EEUU y la lucha contra el cambio climático (III)

EEUU, Bush y el Protocolo de Kyoto

El cambio climático se situó en primera línea de la agenda política mundial desde principios de los años 90. En concreto, en diciembre de 1989 la Asamblea General de Naciones Unidas lanza con la Res. 44/228 el proceso negociador para una regulación convencional de las emisiones de gases de efecto invernadero con la convocatoria de una Conferencia al más alto nivel posible sobre el Medio ambiente a celebrar en junio de 1992. Sería la Conferencia de Río de Janeiro, o Cumbre de la Tierra, que dio como resultado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que más tarde llevaría al Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático.

La Convención Marco tras recordar que “los cambios del clima de la Tierra son una preocupación común de toda la Humanidad”, afirma expresamente que las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras sobre la base de la equidad y de conformidad con responsabilidades comunes. Para ello, sin establecer un plan detallado de acción, los Estados crean un marco institucional y de procedimiento para ir generando progresivamente acuerdos ejecutivos, entre los que destacan el Mandato de Berlín (1995) y el mencionado Protocolo de Kyoto (1997), que es un tratado para frenar el calentamiento global por el que se comprometen las naciones industrializadas a recortar sus emisiones de dióxido de carbono por lo menos en un 5% con respecto a los niveles alcanzados en 1990. Es de señalar que las decisiones políticas han tenido en cuenta las aportaciones científicas que el IPCC ha ido fijando en sus informes.

La posición de EEUU desde el inicio de las negociaciones de la Convención Marco y luego del Protocolo de Kyoto fue bastante crítica, centrando sus argumentaciones en una oposición a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en periodos concretos y en la minimización de todo tipo de decisiones vinculantes al respecto. En este sentido, EEUU ha sido el Estado que más uso ha hecho del análisis económico para fundamentar sus posiciones negociadoras en el ámbito internacional. Para ellos, la reducciones obligatorias de gases de efecto invernadero producen un alto coste a corto plazo, mientras que no están claros lo beneficios futuros. De esta forma, siendo el mayor productor de gases de efecto invernadero, está claro que tiene mucho que perder y no tanto lo que habrán de ganar.

No obstante, el carácter marco y de consenso entre posturas que tiene la Convención Marco permitió su ratificación por EEUU. Por contra el Protocolo de Kyoto, que ya delimitaba las cuotas a las que debían reducir sus emisiones los Estados obligados a ello, sufrió una suerte muy distinta. Primero sufrió el rechazo anunciado del Senado de EEUU a cualquier tratado que pudiese perjudicar a la economía de los Estados Unidos; luego, pese a la firma dada en Kyoto al texto por parte del entonces vicepresidente Al Gore, Bill Clinton nunca lo sometió al Senado para su ratificación; por último, ya con la llegada de George W. Bush a la presidencia, se produjo el anuncio de que EEUU no ratificaría el Protocolo, lo cual comprometía su viabilidad real al ser EEUU el principal emisor de gases de efecto invernadero.

Desde entonces, el enfoque de Bush se ha fundamentado en: no reconocer el cambio climático, lo que contrasta con otros Estados donde ese debate está superado y ya se están poniendo medidas al mismo; la separación de sus aliados y la asociación con las empresas del lobby de los combustibles fósiles (con ExxonMobil y Peabody como estandartes de petróleo y carbón respectivamente), adoptando, como no podía ser de otra forma, un enfoque favorable a esa industria; el echar por tierra los fundamentos diplomáticos de lucha contra el cambio climático; y en sembrar el atisbo de la duda sobre la opinión pública. En suma, la llegada al poder de Bush en el año 2000 hizo que la campaña privada de la industria respecto al cambio climático (ver post anterior) se convirtiera de facto en la estrategia presidencial.

Los motivos por los que se justifica esta postura no parecen tanto de carácter ideológico, asociados a una tradición política conservadora en la línea de renuncia a regulaciones onerosas o en la creencia de eficacia absoluta de los mercados libres, sino que más bien parecen provenir de los estrechos vínculos que miembros de la Administración Bush guardan con el lobby de los combustibles fósiles además de los apoyos (políticos y económicos) que recibió su candidatura durante la campaña presidencial del año 2000.

Los argumentos públicos manejados parten, como ya se ha dicho, del análisis económico. De esta forma los EEUU han esgrimido, no sin cierta base, que el Protocolo de Kyoto deja fuera de los países obligados a la reducción de emisiones a destacados Estados en vías de desarrollo, como son China e India, lo cual es percibido como una merma de la competitividad futura que pueda desarrollar EEUU. Por otra parte, aprovechando la “incertidumbre científica”, la confianza en la capacidad de adaptación a las consecuencias del cambio climático e incluso afirmando una posibilidad de existencia de ciertos cambios beneficiosos en el mismo, se ha afirmado que los costes de adaptación superan a los beneficios que se pueden obtener. También se ha utilizado el argumento de la diferencia que existe en clasificar los países por sus emisiones totales, lista que encabeza EEUU y en función de la cual se construyó la lista del Anexo I de Kyoto, y emisiones per capita, más favorable para las tesis de EEUU pues en ella ya no ocuparía el primer puesto y las diferencias entre Estados se reducirían.

De manera paralela a la salida de EEUU de Kyoto, la Administración Bush inició una serie de acciones para maquillar el efecto que sobre la comunidad internacional y su propia opinión pública tuvo esta decisión. Entre ellas cabría destacar dos. La primera, de 2003, es una propuesta de reducción voluntaria de un 18% en diez años de la “intensidad” (por unidad de producción en vez de total) del gas de efecto invernadero emitido por la industria durante el proceso de producción. Con esta propuesta la Administración Bush pretendió dar la impresión de que realmente se querían reducir las emisiones, pero lo cierto es que aun cuando el plan voluntario fuera seguido por todas las industrias, la emisiones de EEUU crecerían , aunque si bien a un ritmo ligeramente más lento. La segunda es el establecimiento de una red de tratados bilaterales por los que se llegan a acuerdos sobre tecnologías basadas en el empleo de hidrógeno (hidrógeno “sucio” obtenido a partir de la energía previa de carbón o petroleo) o planes de captación de carbono.

En cualquier caso, con independencia del efecto real que sobre la reducción de las emisiones puedan tener estas técnicas, si es que realmente lo tienen, lo que subyace realmente es la estrategia que EEUU ha desplegado durante la Administración Bush de cara a desbaratar todo enfoque internacional coordinado basado en el Protocolo de Kyoto.

Ver también: Introducción, El debate sobre el cambio climático y las evidencias científicas

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